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El próximo jueves 25 de mayo se realizará la primera reunión informativa con representantes de los pueblos originarios y de la comunidad de San Pedro de Atacama sobre el proyecto que busca crear un centro de justicia en dicha comuna.

La instancia fue convocada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, junto al Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, instituciones que están trabajando coordinadamente para lograr la concreción del centro.

La iniciativa tiene por objeto la creación de un tribunal con competencia común, además de instalaciones para Fiscalía y Defensoría, todas en un mismo sector. Actualmente el proyecto está en manos del Ministerio de Justicia, y contempla el traslado del actual tribunal de la comuna de María Elena a San Pedro de Atacama, ante el mayor número de población de San Pedro, y el alto número de causas que ingresan a tribunales en Calama provenientes de la comuna fronteriza.

Según explicó el presidente de la Corte de Apelaciones, Jaime Rojas Mundaca, actualmente el 25% aproximadamente de las causas civiles que ven los tres juzgados de Calama, son de San Pedro de Atacama, y en materia de familia y penal, los ingresos se han duplicado durante este 2023.

“Hoy San Pedro de Atacama es una comuna con mayor número de conflictos judiciales que María Elena, y la proyección es que estas cifras sigan aumentando. De ahí la necesidad de contar con un centro de justicia en este territorio, que garantice el acceso a la justicia de todos los habitantes de esta comuna”, destacó el ministro. Agregando que la convocatoria busca “mostrar a las comunidades el trabajo que estamos desarrollando en conjunto para lograr la instalación de este centro de justicia, además de todas las implicancias que tendría para la comunidad que esto se materialice”, expresó el presidente de la Corte de Antofagasta.

Las palabras del ministro Rojas fueron refrendadas por el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala Gutiérrez, quien explicó que es importante que los usuarios y usuarias de San Pedro de Atacama y comunidades cercanas tengan acceso directo y permanente a la justicia y a todas las instituciones que trabajan en el área.

“Como Ministerio Público estamos muy interesados en que esta medida se concrete, y que en San Pedro de Atacama tengamos un centro de justicia que atienda las diversas necesidades de la comunidad, por cierto, con una Fiscalía y dotación especialmente asignada que pueda accionar ante tales requerimientos de manera eficiente y conectada con ese territorio”, indicó.

De igual forma, la Defensoría Penal expuso la relevancia que tiene contar con la aprobación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones ya que este tipo de acciones sólo pretenden facilitar el acceso a la justicia de las comunidades y contribuir a un desempeño de las instituciones en la zona.

“Este es un proceso que debemos desarrollar con y para las comunidades, teniendo en cuenta sus preocupaciones y necesidades, respetuosos de sus tradiciones y la cosmovisión que los pueblos originarios tienen de la aplicación de justicia, llegando a consensos y planteándoles la utilidad que representa contar con los servicios en su propio territorio”, destacó el defensor Hernán Díaz, quien además es el coordinador de la defensa especializada en indígenas de la Defensoría Regional de Antofagasta.

Gestiones previas
El trabajo coordinado entre las instituciones intervinientes en procesos judiciales de distinta naturaleza, se inició en el mes de abril con una reunión convocada por la Corte de Apelaciones para exponer a la Fiscalía Regional, la Defensoría y la Corporación de Asistencia Judicial la urgencia de aunar esfuerzo en la elaboración de un proyecto común y que responda a las necesidades de las instituciones y la comunidad.

A partir de ello, se sucedieron un encuentro con los Parlamentarios de la región para presentarles el proyecto y las estadísticas que hacen necesario el traslado del tribunal de María Elena a San Pedro de Atacama. Posteriormente, los representantes de los órganos promotores de la iniciativa, se reunieron también con el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, quien indicó que “el ver todas las energías puestas en llevar adelante esta iniciativa, nos pone muy contentos, y por supuesto nos sumamos como municipio a todos estos esfuerzos para poder hacer realidad, en el más breve plazo, esta iniciativa”.

El alcalde se sumará también a la convocatoria del jueves 25 con las comunidades indígenas y se desarrollará conjuntamente una Plaza de Atención ciudadana que contará con la presencia de los servicios de justicia.

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Cuatro meses más se extenderá la ejecución del “Programa de Extensión, con Enfoque Territorial, para el Control Integrado y Manejo de la maleza Mostaza Negra”, que ejecuta el Instituto de Investigaciones agropecuarias INIA Rayentué, información entregada por el Gobierno Regional y el CORE, quienes aprobaron la propuesta para que el proyecto finalice en septiembre.

Según lo programado, el trabajo de INIA debía terminar el 31 de mayo próximo, pero el inicio de éste fue durante pandemia el año 2020, donde las restricciones sanitarias no permitían presencialidad en los terrenos de los productores loínos.

Esta situación, y el buen manejo de los recursos entregados por el GORE de Antofagasta y aprobados por el CORE, permitirá seguir trabajando con la agricultura local hasta septiembre. Un período muy importante donde predomina la preparación de suelos antes de la siembra.

“Nosotros comenzamos en la época de pandemia, por lo cual hubo varias cosas que quedaron sin poder realizarse y fue más lento también en un principio. No se sabía muy bien cómo actuar con actividades grupales, por ejemplo, porque nosotros trabajamos mucho en terreno. Así que fueron cuatro meses que justo calzó con los cuatro meses posteriores”, comentó Patricia Videla, jefa de la Oficina Técnica Calama de INIA.

Lo que viene

Para realizar una mejor programación de los pasos a seguir, los profesionales del equipo técnico de INIA Rayentué se reunieron con los beneficiarios del programa, con quienes comentaron esta situación y captaron impresiones respecto a cuáles son las prioridades para la parte final.

Al respecto, Patricia Videla comentó que será fundamental ayudar a los agricultores que por su avanzada edad o por falta de recursos, se les complica aplicar el plan de manejo.

Por otra parte, fueron los propios productores quienes solicitaron al programa insumos, entre los que se cuentan fertilizantes y semillas, que les permiten mantener sus terrenos en buena condición y en consecuencia con la Mostaza Negra bajo control.

“Me gustaría que siguieran viniendo y ayudando, porque esos fertilizantes son muy caros, y hay veces en que una no los puede comprar sola”, comentó Nila Panire, de Chiu Chiu, quien además fue reconocida por su gran participación en los distintos talleres y charlas.

Por otra parte, Gregorio Ayavire -que siembra maíz y habas en su terreno de Chiu Chiu y que también fue distinguido por su compromiso- señaló que en la encuesta realizada dejó claros sus requerimientos: “he pedido algunos repuestos para la bomba, abono y súperfosfato. Eso es lo que más estoy ocupando”, explicó.

En esta recta final del programa, se espera afianzar los conocimientos de los productores locales, quienes ya conocen y saben cómo controlar la Mostaza Negra. Mientras tanto, los profesionales de INIA ya preparan un nuevo programa, más amplio en territorio, que abarcará otras problemáticas agrícolas que han podido detectar con el trabajo en terreno y todo bajo la mirada de la agroecología.