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El delito de robo de cables sigue afectando fuertemente a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.
Esta madrugada en la provincia de El Loa, ocurrió el hurto de conductores eléctricos de mayor magnitud que se ha registrado en la región durante los últimos años. Delincuentes destruyeron 29 postes para sustraer 8.700 metros de cables, de propiedad de la distribuidora CGE, a través de la cual se entrega el suministro eléctrico a los poblados de Chiu Chiu y Lasana. Actualmente, las brigadas se encuentran en terreno trabajando para la emergencia.
Según datos de la distribuidora, durante el 2023 ocurrieron 158 episodios en la región de Antofagasta, que se traduce en 17,1 kilómetros de cable de cobre robado y 196 kilómetros a lo largo de su zona de concesión, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otras infraestructuras clave para suministrar el servicio eléctrico.
Estos robos, realizados en la mayoría de los casos por bandas organizadas, tuvieron como consecuencia que 442.266 clientes de la Compañía vieran afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico durante largas horas, producto de los extensos trabajos que deben realizar las brigadas para reponer la infraestructura dañada o destruida por los delincuentes.
Rodrigo Lorca, gerente zonal de CGE en Antofagasta, señaló que “el robo de cables eléctricos ha tenido un aumento exponencial en los últimos años y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto. Nosotros como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias”.
En 2022, la Compañía registró un aumento de más de 200% en la cantidad de cable de cobre robado respecto de 2021, con un total de 932 eventos y 402 mil clientes de CGE afectados en su suministro.
Respecto del costo de reposición de infraestructura dañada o destruida por estas bandas delictuales, en el primer semestre de 2023 alcanzó a 3.544 millones de pesos.
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, agregó Lorca.
El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, concluyó.
