Convención Constitucional: los positivos primeros pasos

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(Photo by JAVIER TORRES / AFP)

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En el ámbito de las instancias especializadas en temas constitucionales siempre se estimó que la convención elegida para generar una nueva carta fundamental en el país iba a dedicarle, al menos, un par de meses a la discusión de su reglamento.

No existen experiencias comparativas en el mundo en que esa fase clave sea “de fácil trámite”. Se entiende que toda organización democrática que desarrolla una Constitución desde cero debe generar una reglamentación para sí misma y eso, por cierto, toma tiempo.

Por ello, resulta extraño el discurso crítico que ciertos sectores desarrollan contra el actuar de la Convención Constituyente. A pesar de todos los problemas objetivos que enfrenta en su instalación y puesta en marcha, cuya responsabilidad primera y central se ubica en el gobierno -que tuvo casi medio año para preparar su funcionamiento, previendo muchos escenarios y generando respuestas efectivas ante ellos- la instancia constitucional ya se encuentra discutiendo los grandes lineamientos de sus normas reglamentarias, a casi dos meses de iniciar sus funciones.

En el mundo académico existe gran consenso de que -a pesar de las críticas- la Convención Constitucional avanza bien (“a velocidad crucero”, dicen algunos). De hecho, a estas alturas, con una decena de comisiones temáticas plenamente instaladas, con un arduo trabajo realizado en cada una de ellas y en las respectivas subcomisiones, con procesos internos plenamente democráticos y representativos de las diversas ópticas presentes, da claros pasos hacia adelante.

Equilibrios positivos y poco vistos

El mecanismo eleccionario con el que se forma la convención introduce características muy particulares a esta instancia que la dotan de altos grados de representatividad de la sociedad chilena. Mucho más, se comenta en las redes sociales, que el propio Congreso.

Con un promedio de edad de 44 años en sus integrantes, la instancia está conformada por abogados, profesores, ingenieros, periodistas, dirigentes sociales, científicos y hasta una machi -máxima autoridad ancestral mapuche- en el contexto de una elección que –por primera vez- incorpora criterios de equilibrio de género, pueblos originarios e independientes. No hay otro espacio de elección popular en el país que refleje de mejor manera la diversidad nacional.

Desde el punto de vista político, en términos generales, la convención recoge también un equilibrio bastante positivo y poco visto: si bien el sector de Chile Vamos (derecha) exhibe el mayor número de representantes (37), eso se va ajustando con los aportes que hacen otros grupos: el Frente Amplio junto al Partido Comunista cuentan con 28 convencionales; la ex Lista del Pueblo suma inicialmente 27 integrantes, quienes luego conforman al interior de la convención otros referentes como Pueblo Constituyente; la ex Concertación aporta 25 convencionales; independientes de distintas listas suman 21; y representantes de los pueblos originarios adicionan 17.

En total son 155 convencionales que, tras un arduo trabajo en las comisiones conformadas, dan inicio esta semana a la esperada discusión de su reglamento interno, circunstancia básica para comenzar de lleno el trabajo de generación de contenidos para una nueva Constitución.

Quorums y plebiscitos

Entre las principales claves temáticas que se vislumbran en la nueva fase de la convención están, por un lado, los quorums requeridos para avanzar en el desarrollo de la nueva carta magna, aspecto que regula los tipos de mayorías que se necesitan para establecer acuerdos y, por otro, los grados de participación ciudadana.

En la discusión más compleja están los famosos 2/3 que la actual Constitución incluye como quórum para algunas materias.

Se trata de una fórmula cargada de malas experiencias en estas décadas. En términos prácticos, es como si sólo tres personas se opongan siempre a lo que acuerden otras siete. En los últimos treinta años esta dinámica ha servido más para mantener el “status quo” que para llevar adelante transformaciones.

Aunque los defensores de este quórum sostienen que favorece la estabilidad, lo cierto es que el estallido social del 18 de octubre de 2019 pone en entredicho el concepto ya que “estabilidad” puede ser un sinónimo perfecto de “tramitación”. Tal vez, si los 2/3 no formaran parte del problema, la Constitución de 1980 se pudo haber reformado o cambiado antes. El 80% que obtuvo el apruebo en el plebiscito de octubre del año 2020 dice mucho sobre eso.

Para los críticos de los 2/3 se trata de un “candado ideológico”, porque facilita el atrincheramiento de una minoría que impide actuar a una importante mayoría. De allí que al interior de la Convención hay sectores que tienen otra propuesta para el quórum, como 3/5. Eso, en la práctica, implica un 60% de los convencionales en ejercicio.

El pleno de la Convención resuelve en estos días una propuesta realizada por un grupo de derecha, en la que se señala que casi todas las temáticas a discutir deben ser bajo el esquema de los 2/3. Por gran mayoría se rechaza esa intención y se establece que el citado quorum para las otras materias va a ser decidido también por el pleno próximamente, bajo votación con mayoría simple.

El pleno también aprueba esta semana el reglamento en general con una contundente votación a favor de 145 votos. Se da comienzo así en los próximos días a votaciones particulares. “La convención avanza a paso firme para poder cumplir el mandato ciudadano”, plantea la mesa directiva de la instancia.

Participación ciudadana

Al tema de los quorums, se suma el de la participación ciudadana. Son muchos los sectores, especialmente los independientes, que han señalado la necesidad de ampliar este punto en el proceso y que no se limite sólo a que las personas voten al final.

La idea es usar –por ejemplo- un mecanismo de consulta vinculante llamado “plebiscitos dirimentes” en aquellas materias que se requiera el quorum de los 2/3 y no se alcance a ello. Pero sí los 3/5. Así, la gente tendría la opción de forma parte clave en las decisiones. Es algo que debe votar en particular el pleno de la convención y en el caso de que obtenga los votos, se va a requerir de una reforma constitucional para concretar dichos actos eleccionarios.

Valoración en su justa medida

Nunca antes en la historia de Chile existió una instancia como la Convención Constitucional. Todas las otras cartas fundamentales se hicieron sin la participación de personas electas.

Antes del Golpe Militar, la Constitución que regía al país era la de 1925. Dicho cuerpo legal fue producto de una asamblea creada por el presidente Arturo Alessandri, a la que invitó personalmente a distintos representantes políticos y uniformados, con el objeto de reemplazar la Constitución de 1833.

El trabajo de dicha comisión fue sometido a un plebiscito popular, bajo todas las normas electorales vigentes que –finalmente- aprueba los cambios y el 18 de septiembre de 1925 comienza a regir la nueva carta magna.

La dinámica contrasta totalmente con la forma es que se genera la Constitución de 1980. La dictadura le pone fin a la normativa de 1925 y sólo a finales de los años 70 genera una comisión para elaborar un nuevo documento, oportunidad en la que –por cierto- sólo invita a representantes de derecha y cercanos al gobierno de facto. Se impone en un plebiscito realizado en 1980 sin registros electorales, sin campaña para los opositores y sin apoderados de mesa, entre otras irregularidades electorales, comenzando a regir desde 1981.

La Convención Constitucional, que esta semana comienza a discutir en el pleno todo el trabajo que ha realizado a nivel de sus comisiones y subcomisiones, es la primera experiencia plenamente democrática que se da para crear una carta magna.

Quizás por eso sea centro de críticas, que para los expertos no tienen mucha justificación. “En el contexto de crisis de deslegitimidad que vive Chile, los mecanismos de participación son claves para el proceso constituyente”, plantea la doctora en Estudios Americanos y académica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Pamela Figueroa. Por eso, es clave una información fidedigna de lo que ocurre en la convención.

El éxito de la instancia es también el éxito para la experiencia democrática chilena. Es posible seguir ejercitando el músculo de la participación social, lo que –claramente- profundiza la representatividad del proceso.

La convención debe ser valorada en su justa medida para que siga cumpliendo la función que la inspira, abriendo –en los hechos- una nueva senda de democracia. Hasta ahora, a pesar de las críticas, en términos objetivos su avance ha sido positivo. En su forma y en su fondo.

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