Acuerdo de conciliación permitirá rescatar el Salar de Punta Negra

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A través de una declaración pública, la Comunidad Atacameña de Peine informó el término del proceso de búsqueda de reparación tras el daño ambiental ocasionado por Minera Escondida en el Salar de Punta Negra, resolución que obligará a la compañía a invertir 93 millones de dólares en dicha recuperación.

Se trata de la sentencia dictada ayer, tras la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que fue respaldada por la Comunidad Atacameña de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños, con el objetivo de buscar una reparación ante el impacto provocado por la minera durante más de 20 años.

“La decisión de sumarnos a este proceso y a su mesa de gobernanza, mandatados por nuestra asamblea, estuvo siempre fundada en el compromiso que tenemos con la defensa del Salar de Punta Negra. Por lo mismo decidimos ser parte de esta demanda, poniendo siempre como principio la indemnidad ambiental, y buscando asegurar que el Estado y la compañía no cayeran en la usual práctica de compensar económicamente los daños ambientales provocados”, es parte de la declaración dada a conocer por la comunidad.

En este contexto, su presidenta es enfática en señalar que la conformidad con lo acordado radica justamente en la inversión que significará. “Los 93 millones de dólares que Minera Escondida debe invertir en la reparación del Salar de Punta Negra, no van al bolsillo ni de la comunidad de Peine, ni de ninguna de las comunidades de la cuenca del salar, si no que están al 100% destinadas a financiar cada una de las medidas que se acordaron en esta conciliación, y que buscan recuperar el salar. Esto significa un trabajo inmenso en el que la comunidad está decidida a invertir tiempo y recursos humanos para que esto se logre”, sostuvo Amanda Barrera.

En términos más específicos, las medidas que serán aplicadas en un plazo de 15 años, van desde la elaboración de líneas bases inexistentes a la fecha, forénsica ambiental y modelaciones, así como la conformación de una mesa de gobernanza. “Acá se pone en el centro la protección y la recuperación del salar, tanto a nivel superficial, como son los sistemas de vegas, canales y lagunas, como a nivel del acuífero que como ha quedado demostrado en el proceso de conciliación, ha sido afectado durante los más de 20 años de operación de Minera Escondida”, comenta Felipe Lerzundi, profesional de la Unidad de Control Ambiental de la comunidad, quien precisa que el enfoque está puesto en la comunidad y en la continuidad de la cultura atacameña en el territorio.

La compañía privada opera en el sector desde comienzos de la década de los 90 y, según señala la comunidad en su declaración, “desde entonces ha ejecutado una extracción descontrolada”. De hecho, indican que en comunicaciones de la prensa especializada en minería se observa que este año fiscal alcanzarán la suma de 1.200 millones de toneladas de cobre fino, lo que al precio actual e histórico de la libra de cobre equivale a 112.000 millones de dólares por ventas solo el presente año; cifra que puede dimensionarse teniendo como referencia que el último bono por término de conflicto conseguido por las luchas de los trabajadores de la minera, alcanzó los cerca de 100 millones de dólares.

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