Gobierno anuncia Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos

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El Presidente de la República, Sebastian Piñera, junto al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentó el proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

La iniciativa legal, busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.

Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula García aseguró que “con este proyecto se logra crear una única institucionalidad, que hoy está en distintos ministerios, servicios y programas, bajo el alero de una Política Nacional de Acceso a la Justicia. Con ello se estandariza y profesionaliza la atención, orientación y representación jurídica a las personas, especialmente las más vulnerables en el ámbito laboral, de familia, civil y penal. Es la modernización más importante de los últimos 50 años en cuanto a Acceso a la Justicia, que ha sido un proceso trabajado desde el primer día que asumimos como Gobierno”.

En ese mismo sentido enfatizó, que “uno de los aprendizajes del año 2020 es la urgencia de acercar la justicia a las personas, que no es otra cosa que proveer los medios para que las personas puedan resolver sus necesidades y conflictos legales, lo que supone otorgar asesoría, defensa y representación jurídica para que las personas sepan cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y recurran a los mecanismos para resolverlos”.

Aspectos centrales del Proyecto de ley

Se considera la creación de un nuevo Servicio que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se propone la integración de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, que, desagregadas en las distintas regiones del país que considera cuatro líneas de acción: Línea General; Defensoría de Víctimas de Delitos; Línea de Derechos Humanos y Línea Especializada.

Dentro de la institucionalidad ligada al proceso penal, hoy no existe una única institución pública que se haga cargo de la defensa de la víctima, situándola así en una condición de desigualdad judicial frente a los intereses del Ministerio Público -que no son siempre coincidentes con los de la víctima- o del mismo imputado, que goza de defensa pública si así lo requiriese.

Además, se busca potenciar el rol de la víctima en el proceso penal, a través el establecimiento de un nuevo mecanismo de acceso a la información en el proceso mediante la representación de la víctima por parte del Nuevo Servicio ante el Ministerio Público.

Finalmente, y con el objeto de abordar los desafíos de acceso a la justicia de mediano y largo plazo, generando políticas públicas que aborden las problemáticas de manera sistémica y coordinada, se crea un Consejo Nacional integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil. Con este mismo propósito se plantea el desarrollo de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con una duración de cinco años que permita avanzar en acciones, medidas y programas concretos, que materialicen los objetivos estratégicos propuestos por el Consejo Nacional, y que se implementen a nivel regional.

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