Expertos analizan la preocupación del Gobierno de que el COVID-19 disminuya la participación en el Plebiscito

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“La preocupación fundamental es en qué medida una situación de salud que afecta al país pone en riesgo la participación en distintos procesos”. Esa fue la respuesta del ministro de Salud, Jaime Mañalich, al ser consultado por los dichos de su par de Interior, Gonzalo Blumel, quien señaló que se discutirá “en su minuto” si están las condiciones sanitarias para llevar a cabo el plebiscito del 25 de octubre. Al respecto, el Presidente Sebastián Piñera señaló que este es “un tema que quizá se va a volver a discutir”.

Para el doctor en ciencia política y Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, René Jara, “no es casual” que autoridades de Gobierno comenzaran a realizar estas declaraciones el domingo 26 de octubre, que coincide con la fecha original en la que estaba programado que se efectuara el Plebiscito, pero que producto de la pandemia del coronavirus fue reagendado.

“Desde el punto de vista que se lo mire, se trata de un intento del Gobierno y de sus partidos por tratar de retomar el control de una instancia o de un tema en el cual no había tenido mayor control”, explicó el experto en comunicación pública y política. “Para algunos aparece efectivamente como una oportunidad única, pues la situación sanitaria obliga a que la oposición acepte cosas que en otro contexto no habrían sido toleradas”, agregó.

A juicio de Jara, llegar a decidir la postergación de la consulta podría provocar dos efectos. En primer lugar, “una dilación del calendario del Plebiscito, lo que sin lugar a dudas va a terminar instalando la impresión de que se trata de un proceso menos urgente, con el riesgo probable de que el vivo entusiasmo que despertaba la idea de una nueva constitución se vaya apagando”, afirmó.

En segundo lugar, “se trata de que el Plebiscito sea observado y juzgado a la luz de las necesidades de la crisis económica y social que va a experimentar Chile. Frente a este escenario de urgencias y excepcionalidad, cualquier campaña o agitación en torno al tema del plebiscito corre el riesgo de ser vista como inoportuna y poco conectada con las reales necesidades del país”.

Señales contradictorias

Por su parte, la integrante de la Mesa Técnica para una Nueva Constitución y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, consideró que el Gobierno está entregando señales “contradictorias” ante el avance de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.  “Se habla del retorno de las clases y la reapertura de los centros comerciales, pero, al mismo tiempo, se dice que producto de la crisis sanitaria y económica no podría realizarse el plebiscito”, afirmó.

Politóloga, experta en Gobierno, ex Jefa de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y encargada de coordinar tanto las reformas políticas e institucionales como el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Figueroa enfatizó que “no se puede suspender la democracia indefinidamente”.

“Hablar con tanta anticipación de la posible postergación del Plebiscito de octubre me parece que responde a otros intereses y motivaciones”, distintas a las económicas y de salud argüidas por el Gobierno, sostuvo. “Pareciera que los sectores más conservadores están buscando distintas razones para postergar este Plebiscito”, criticó.

Finalmente, señaló que es importante realizar esta consulta debido que, a su juicio, la crisis sanitaria ha dejado al descubierto la falta de derechos sociales de las personas y la debilidad del Estado para enfrentar este tipo de situaciones. “Lo que debiera hacer el Gobierno es buscar las mejores estrategias para implementarlo y ajustar los desafíos democráticos a dichas circunstancias”, concluyó.

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