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Una serie de operaciones ilegales que efectivos del Ejército realizaron entre 2010 y 2014, y que involucraron más de 6 mil millones de pesos del Fondo Reservado del Cobre –caso conocido como ‘Milicogate’- han generado gran cantidad de cuestionamientos sobre la normativa, que establece que el 10 por ciento de los ingresos anuales por venta de cobre deben ingresar a las arcas del Ejército.

Para el académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dr. César Ross, las actuaciones al margen de la ley que miembros de esta rama de las Fuerzas Armadas perpetraron hacen pensar que el Ejército padece una situación de “corrupción institucionalizada”.

Aunque existen voces que sostienen que la responsabilidad de estas acciones recae en individuos y no en la institución, para el experto, estos planteamientos solo sirven para desligar a las organizaciones de sus responsabilidades.

“Cuando una institución presenta una corrupción generalizada, endémica y que se ha transformado en una manera institucional de operar, aunque sea informal, perfectamente se puede colegir que estamos frente a una situación de corrupción institucionalizada”, afirma.

Agrega el Dr. Ross  que cuando una organización, como en el caso del Ejército, crea o deroga reglas, normas, procedimientos y mecanismos para actuar fraudulentamente a nivel interno, la institución corre el peligro de corromperse de manera estructural.

En ese sentido, responsabilizar a las personas –expone el especialista–  responde más bien a una estrategia política.

“Muchas veces se hace esa división, a veces real y otras artificial, simplemente para poder entrar y sacar la manzana podrida, defendiendo al resto para que no se sindicalicen y no se vuelvan en contra de quien interviene”, afirma.

No es un cabo suelto

Dentro de las operaciones conocidas en el caso Milicogate, se conoció, por ejemplo, facturas que se pagaron cuatro veces por distintas reparticiones del Ejército, boletas extendidas sin el timbre del servicio de Impuestos Internos y cuantiosas apuestas en casinos, entre otras. En esto punto, cobra relevancia el cabo Juan Carlos Cruz, miembro del Departamento de Planificación Financiera del Ejército, quien entre 2008 y 2014, gastó más de 2 mil millones en Monticello.

Para el Dr. Ross, es imposible que nadie supiera de las actividades fuera del ámbito castrense que tenía el cabo Cruz, dado la estructura jerarquizada que prima en las FF.AA.

“Si se pone a cargo del control, a un cabo en una institución jerarquizada, donde no se mueve una hoja sin que quien está más  arriba sepa, es un poco difícil decir que él era el corrupto, y el resto son todos inocentes”, enfatiza.

En ese contexto, el investigador sostiene que todas las acciones reñidas con lo legal en el marco del caso, se dieron en un contexto que permite su libre ejecución e impunidad, puesto que la Contraloría General de la República tiene potestad para fiscalizar los dineros suministrados en base a la ley reservada del cobre.

Esto denota “que hay un sistema que impide evitar la corrupción, y si este está compuesto por reglas, normas, etcétera, podemos sospechar que el problema es mayor”, afirma el analista.

La solución

El Dr. Ross estima que es necesario derogar la Ley Reservada del Cobre. “Hay que terminar con una norma que es especial para una institución del Estado. El presupuesto del Ejército tiene que ser una parte del de la nación, igual que cualquier otra repartición”, enfatiza.

Sobre el caso de fraude, el académico piensa que ha generado una crisis, que puede transformarse en una lección valiosa.

“Esta crisis es una oportunidad. Hay que modificar esta normativa evidentemente, porque  si la Contraloría General de la República hubiera tenido las facultades para actuar, el número de problemas que se habrían detectado a tiempo, serían mucho mayor”, concluye.

 

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