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Hace dos semanas entró en vigencia la Ley 20.967 que modifica el sistema de cobro de estacionamientos en Chile. Al respecto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó un estudio desde la implementación de la normativa, constatando que de las 38 empresas analizadas, un 65,8% aumentaron sus precios; 10,5% mantuvieron sus tarifas; y solo un 23,6% bajó sus valores. 

Para el experto en marketing de servicios y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Enrique Marinao, el impacto de esta ley en los precios de los aparcamientos revela que, durante su tramitación en el Congreso, lo que primó fue “un criterio economicista, que buscaba rentabilidad por rentabilidad” solo para las empresas, sin considerar a la ciudadanía. 

Para el especialista, el principal error de la normativa es que no diferencia entre empresas que ofrecen el servicio. “Hay una diferencia conceptual tremenda que el legislador no consideró. La ley está hecha como si solo estuviéramos hablando de edificios que prestan el servicio de estacionamiento como negocio principal”, critica el economista. 

“Hay empresarios que tienen la potestad de hacer su negocio, pero cuando uno va a una clínica, se está obligado a ocupar un estacionamiento”, explica, ya que lo que se busca está solo en ese lugar. “Es una ley nefasta, en términos de no hacer la diferencia cuando el usuario tiene la potestad de elegir y tomar las decisiones, por uno u otro estacionamiento, que cuando no la tiene”, sentencia. 

De acuerdo a Marinao, quienes ofrecen los aparcamientos como servicio accesorio “deben tenerlo contemplado como complementario para prestar el servicio de salud, por ejemplo. “Es una obligación, pero eso está pasando a segundo plano y estamos discutiendo cuánto están cobrando, cuando ellos no deberían cobrar”, subraya. 

Para el especialista, la ley genera “una tremenda ambigüedad, que ha quedado reflejada en los precios. Produce que cada empresa haga lo que estime conveniente, no en función del beneficio del usuario, sino de maximizar sus rentabilidades a como dé lugar”. 

De acuerdo al académico, el origen del problema radica en que no se respetó el espíritu que impulsó la discusión de la normativa. “Se buscaba que aquellas empresas, servicios como hospitales o instituciones públicas tuvieran un espacio para que los estacionamientos, en principio y en función de los consumidores, fuera gratuito. Eso se empezó a reducir hasta que algunos ya no lo respetan de plano”, lamenta. 

“Mientras los parlamentarios sigan haciendo leyes para consumidores y no para ciudadanos, no vamos a encontrar diferencias conceptuales en los servicios que se ofrecen. Si vamos a hacer leyes para consumidores, transparentémoslo”, emplaza. “Si hacemos leyes en función del bien común de todos los ciudadanos, esta ley está mal hecha desde el punto de vista económico, ético, moral, financiero, etcétera”, agrega. 

Para Marinao, “esto hay que hacerlo de nuevo, con altura de miras y transparentando todos los intereses. Estoy de acuerdo en que se reestructure esta ley, porque está mal hecha”. 

De acuerdo al especialista, la norma debe tramitarse de manera separada. “Si vamos a regular el negocio principal de aquellos edificios que se construyan para prestar el servicio de estacionamiento, eso es una ley. En paralelo debe regularse, en otra ley, lo que pasa en los malls, clínicas y hospitales, porque el estacionamiento es un servicio asociado al que están prestando”, concluye.

 

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