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Taller Colegio de Periodistas El Loa

Con la aprobación unánime en la Cámara de Diputados, se despachó el proyecto de ley sobre Servicios Sanitarios Rurales, iniciativa legal que favorecerá a un millón 700 mil chilenos y chilenas que se abastecen por este tipo de sistemas de agua potable rural en el país, al crearse una nueva institucionalidad que fortalecerá las organizaciones comunitarias que administran los APR e incorporar el saneamiento de las aguas para éstos. Este proyecto  había sido ingresado al Congreso en el año 2008 durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, estuvo presente en la Sala junto al Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP, Reinaldo Fuentealba. Al finalizar la votación, el Secretario de Estado destacó que “después de 8 años de tramitación, se aprueba la Ley de Agua Potable Rural que favorece a más de  1 millón 700 mil personas, que se abastecen de agua en 1.700 sistemas en distintos lugares de Chile. Esta no sólo impone derechos y deberes a los usuarios, comités y  cooperativas que administran los APR, sino que fortalece la institucionalidad del Estado para entregar un mejor servicio. También  para estar apoyando a los APR y establece una nueva obligación, que el Ministerio de Obras Públicas se hago cargo del saneamiento”.

En Región de Antofagasta funcionan 14 Sistemas de Agua Potable Rural (APR), donde durante el año 2016 la Dirección de Obras Hidráulica del MOP invirtió más de $1.350 millones en varios proyectos, como por ejemplo la Instalación del Sistema de Agua Potable Rural de Quillagua, en la comuna de María Elena, la cual se encuentra finalizada y a la espera de su inauguración oficial. Asimismo, en desarrollo, se encuentran la ampliación del APR de Cúcuter en San Pedro de Atacama y las obras de emergencia en la localidad de Paposo, las cuales en conjunto benefician a 750 personas.

El Seremi César Benítez, enfatizó que dotar de un sistema de agua potable en sectores rurales es fundamental para el desarrollo regional, donde la comunidad beneficiada cumple un rol fundamental, pues son ellos los encargados de administrar la planta y con esta Ley el Estado tiene por deber, apoyar su funcionamiento en cuanto a subsidio y asesoría.

“Durante este año 2017, se invertirán cerca de 3.400 millones de pesos, destinados a la ejecución del proyecto en la localidad de Lasana, el cual se encuentra en la etapa de licitación. Por otra parte, se está preparando la cartera de iniciativas APR, las cuales se llevarán a cabo en conjunto con la Unidad Técnica de la Sanitaria Aguas Antofagasta grupo EPM. Esta cartera considera una obra correspondiente al APR de Chiu Chiu con una inversión de 1.400 millones de pesos. Finalmente, tenemos en carpeta, proyectos de conservación y estudios de factibilidad y diseños para el desarrollo de próximas iniciativas de este tipo”.

HISTÓRICO

El Programa de Agua Potable Rural, APR, se inició en Chile en 1964, en la administración del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, teniendo más de 52 años de vida y es un programa de alto impacto social.

El Estado ha desarrollado infraestructura en servicios de Agua Potable Rural por una cifra cercana a US$ 1.500 millones, en los últimos años,  -un 90% de ello desde que el programa pasó al MOP, en 1994-, pero las normas legales por la cual se rigen los sistemas de APR, no permitían avanzar a un mayor desarrollo de estos servicios y, por lo mismo, de las organizaciones de la comunidad que los administran.

El proyecto aprobado hoy busca fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias en materia de agua potable rural, preservando su carácter participativo, ofreciéndoles asesoría y subsidios para la realización de sus funciones. También se busca generar una normativa jurídica propia en este ámbito, que regule, tanto aspectos técnicos, como normativos, tarifarios, formas de gestión, patrimonio, etc, tanto para agua potable como para saneamiento.

Dirigentes de las organizaciones que administran estos sistemas en el país, calificaron la aprobación del proyecto de ley como “histórica”, luego de más de ocho año de tramitación, iniciativa legal que comenzó a ser tratada luego de su ingreso en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

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