Colegio de Periodistas entregó informe sobre agresiones a comunicadores durante Estado de Emergencia y Toque de Queda en el país

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Fotógrafo: Juan Manuel Nuñez Mendez https://www.instagram.com/juanmanunez/

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Desde la instalación del Estado de Emergencia y posterior la disposición de Toque de Queda en Chile, el Colegio de Periodistas de Chile, a través de  sus 18 Consejos Regionales distribuidos en todas las regiones del país, consideró necesario monitorear las difíciles condiciones en que los y las periodistas y comunicadores de diversos medios de comunicación, incluidos los medios independientes, han tenido que realizar sus labores.

A partir de esa observación, la Orden profesional realizó un catastro de quienes han sido víctimas de agresiones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, informe que contiene antecedentes reportados por cada uno de los Consejos Regionales del Colegio de Periodistas y datos obtenidos por el Observatorio del Derecho a la Comunicación.

Los datos recopilados a través de fuentes directas y del Observatorio del Derecho a la Comunicación, entre otras, señalan que se reportaron 36 casos en el país, con 6 detenciones, 13 lesionados por armamento disuasorio, uno con trauma ocular y 6 golpeados.

A ello se agregan dos mujeres violentadas sexualmente y 3 comunicadores extranjeros que se les restringió la entrada al país.

A nivel nacional,  quienes mayormente fueron afectados por la violencia de agentes del Estado fueron: 16 periodistas, 9 fotógrafos, 7 reporteros y 4 camarógrafos.

Los casos reportados indican que el mayor número de abusos fueron generados por Carabineros durante las movilizaciones (24 casos). Solo se reportan dos casos de abuso de militares – uno en la Región de La Araucanía y otro en la Región Metropolitana, un caso donde la PDI intervino para evitar la entrada de un periodista y dos fotógrafos extranjeros a Chile.

La mayor cantidad de agresiones ocurrieron en la Región Metropolitana (18 casos) con agresiones por balines, golpizas, detenciones y limitación de entrega de salvoconductos a prensa acreditada.

Tal como señala el informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación: “En un gran número de casos los disparos por parte de Carabineros se realizaron a muy corta distancia, menos de 10 metros. Asimismo hay testimonios y registro audiovisual que acredita que los reporteros eran el objeto del disparo, por encontrarse separados de los manifestantes y ser claramente identificables. El análisis de los datos recopilados permite afirmar que, por lo general, los impactos no se produjeron de forma accidental, existiendo una intencionalidad de agredir a los reporteros que se encontraban registrando la actuación policial durante las protestas”.

Además de las agresiones ya informadas, hubo evidente limitaciones para entregar salvoconductos a la prensa y estos hechos no fueron respetados, considerando que muchas de las personas afectadas por detenciones y agresiones, contaban con credenciales de prensa y salvoconductos.

“En los sucesos documentados se manifiesta un sistemático incumplimiento de los protocolos de orden público de Carabineros”, señala el informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación.

Entre los casos de fuerte impacto está el trauma ocular de un camarógrafo de Mega, en Concepción, quien recibió un impacto de balín en su ojo por parte de Carabineros, quedando con un daño irreparable a su vista; y la violencia sexual que fueron víctimas dos mujeres periodistas en Arica, quienes durante su detención fueron obligadas a desnudarse y hacer zancadillas.

Asimismo se destaca en el informe la vulneración de derechos que sufrieron tres comunicadores argentinos quienes estuvieron retenidos por horas en el Aeropuerto Internacional de Santiago por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

A los periodistas se  les informó que no se les permitía la entrada al país, por tener en sus redes sociales imágenes de “incitación al odio” y serían deportados a su país. Además, otro argumento usado por la PDI para negar el acceso fue que la visita a Chile se realizaba con visas de turistas y para hacer cobertura periodísticas necesitaban visa de trabajo. Después de que intervinieran  distintas instituciones, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Comisión Chilena de Derechos Humanos  y el Colegio de Periodistas de Chile, se les permitió el ingreso al país.

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