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La Corte Suprema falló a favor de 125 personas que trabajan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles -Junji- de la región de Antofagasta, en respuesta a un recurso presentado por la Agrupación Nacional de Empleadas y Empleados Fiscales de esta zona el cual apuntaba a dejar sin efecto los descuentos de remuneraciones tras participar en las movilizaciones por la tramitación de la ley de reajuste del sector público del año pasado.

El presidente regional de la Anef, Freddy González, sostuvo que este fallo marca el final de un largo camino emprendido en defensa de quienes trabajan en el sector público y un precedente a nivel regional y nacional para que “jefes de servicios que se ven con poderes eviten iniciar una política del terror”.

“Este fallo es categórico que reivindica las demanda de Aprojunji (Asociación Pro Funcionarios Junji) y a todos los demás servicios que han sido objeto de represalias sin existir de por medio un acto administrativo que lo amerite”, afirmó en alusión a que el libelo del máximo tribunal del país argumentó que para hacer efectivo dichos descuentos la institución pública debió efectuar sumarios administrativos o investigaciones sumarias a cada una de las personas involucradas, situación que no aconteció.

La presidenta regional de la Aprojunji, Ana Ortiz, sostuvo que desde abril de este año que quienes trabajan en la Junji, en su mayor parte jefas de hogar, se han visto afectadas en sus remuneraciones que descuentos individuales que alcanza el millón de pesos. Hubo meses, inclusive, que obtuvieron una remuneración de veinte mil pesos.

González dijo que “este medida marca un precedente a nivel nacional. Es muy importante para quienes ejercen la función pública porque de ahora en adelante las autoridades medirán las consecuencias de los descuentos arbitrarios. Este es el resultado de un trabajo en equipo, un trabajo regional y una defensa formidable para las trabajadoras y trabajadores”.

Agregó que la Junji deberá asimismo buscar los mecanismos para devolver las 149  horas extras que han debido cumplir quienes participaron en el paro entre el 20 de octubre y 17 de noviembre de 2016, en el ejercicio de diversas funciones en 14 jardines repartidos entre San Pedro de Atacama, Calama, Antofagasta y Chiu Chiu.

El derecho a huelga del sector público es una medida incluida en el protocolo de acuerdo entre la Anef nacional y el Gobierno, suscrito el 2 de julio de 2015, y que para su cumplimiento es necesario modificar la ley 19.296 sobre Asociación de Funcionarios y el Estatuto Administrativo, medida que aún está pendiente.

 

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