Abogado tras recurso de protección para el cierre de aeropuerto El Loa: «Es un asunto transversal que involucra a todo Calama»

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Ayer, algunas asociaciones sindicales interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Antofagasta, contra el Consorcio Aeroportuario de Calama, la Dirección General de Aeronáutica y el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de lograr el cierre del aeropuerto El Loa y así evitar que siga la propagación del COVID-19.

Al respecto, el abogado querellante Rodrigo Arismendi, indicó a Radio María Reina que esta acción se enmarca por la gran cantidad de contagios que acumula la ciudad, además de los calameños fallecidos a raíz de la pandemia que superaría los 100 a la fecha.

«Este recurso de protección interpuesto contra las entidades indicadas, tiene como objetivo, en primer lugar, resguardar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de las personas. Nosotros que estamos tan ligados a la actividad minera, los trabajadores están con un miedo espantoso de que ellos y sus familias puedan resultar contagiados con este virus», señaló.

«La única forma en que se pueda controlar el foco infeccioso y detenerlo, es aislando la ciudad. Tenemos los ejemplos de otros países de Europa donde el tema ha ido menguando, pero es necesario ir congelando a la población. No sacamos nada con ir detectando casos, poniendo personas en cuarentena y que el foco infeccioso siga entrando y saliendo de la ciudad a través del aeropuerto», aseguró.

En este sentido comentó que el recurso de protección presentado «tiene directa relación con estos derechos fundamentales que se les está vulnerando a las personas y lo que busca es que se decrete el cierre del aeropuerto, además de la suspensión inmediata de los vuelos».

Finalmente detalló que fue una disposición que se acordó tras un trabajo conjunto entre los Sindicatos de Trabajadores Nº 2 y 3 de Codelco Chuquicamata, además de la Central de Trabajadores del Cobre e incluso con Organizaciones Sociales como la Red de Mujeres de El Loa, entre otras.

«En definitiva es un asunto transversal que involucra a todo Calama y que no mira ningún color político ni mucho menos. Es un asunto económico que tiene como libre derecho la empresa del aeropuerto, así como también el derecho de libre tránsito, pero que se está confrontando a un bien mucho mayor como lo es la vida y salud de las personas», concluyó.

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